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Javier Pérez Royo: Un respeto decente al juicio de la humanidad

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La suspensión de los parlamentarios catalanes acordada ayer por el Juez Pablo Llarena estaba descontada, por decirlo de manera comprensible. Se trata, además, de una suspensión, que, de cumplirse el calendario que se está barajando, sería relativamente irrelevante. Si a finales de año se celebra el juicio oral y antes de que acabe 2018 o en los primeros meses de 2019 se ha dictado la sentencia por el Tribunal Supremo, el alcance de la suspensión temporal sería mínimo.

Lo que importa en este momento es la decisión que adopte la Fiscalía en el escrito de conclusiones provisionales respecto de la calificación jurídica de la conducta de los querellados. Como la Sala de Apelaciones dejó claro en el auto a través del cual otorgó firmeza al auto de procesamiento dictado por el juez instructor, es el Ministerio Fiscal el que ejerce el ius puniendi del Estado y, en consecuencia, es en el momento en que redacte el escrito de conclusiones provisionales cuando sabremos de qué delito acusa.

No se puede olvidar que en este caso Vox está personado como acusación particular y, por tanto, es posible que, aunque el Ministerio Fiscal modificara su posición inicial mantenida hasta la fecha, la acusación particular mantuviera la suya. Pero a nadie se le oculta que no sería la misma la posición de los querellados si la calificación de su conducta como constitutiva del delito de rebelión la hiciera el Ministerio Fiscal, que si la hiciera Vox exclusivamente.

Habrá que esperar hasta ese momento para ver si el Ministerio Fiscal se reafirma o no en la posición mantenida durante la instrucción. En todo caso, hasta después de que se  haya practicado toda la actividad probatoria que el Tribunal Supremo haya considerado pertinente, no se procederá por parte del Ministerio Fiscal y de la acusación particular a la formulación de las conclusiones definitivas. En ese momento es posible incluso que el Ministerio Fiscal retire la acusación. No es infrecuente que esto ocurra, aunque no es probable que suceda en este caso.

Quiere decirse, pues, que nos estamos aproximando a la hora de la verdad tanto para el Ministerio Fiscal como para el Tribunal Supremo. El desarrollo del juicio oral y la sentencia que se dicte es el espejo en el que se va ver reflejada la justicia española urbi et orbi.

En la fase de instrucción ya se han manifestado algunas reservas por parte de jueces y tribunales de varios países europeos acerca de la forma de proceder tanto por parte de la Fiscalía General del Estado como por parte del Juez Instructor. Todavía no se ha producido la decisión definitiva de la Justicia alemana y escocesa sobre la eurorden emitida en su día por el Juez Llarena, pero el hecho de que no se haya producido ya es todo un indicador.

Pero es en el momento en que se dicte sentencia en el que  la imagen de la Justicia española quedará fijada de manera definitiva. Y en el que se abrirá la vía para acudir a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, dependiendo de la sentencia de éste, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hasta el momento el Tribunal Supremo no ha tenido control alguno, excepto el los jueces europeos que han tenido o están teniendo que examinar la eurorden dictada por el Juez Instructor. Pero a partir del momento en que haya sentencia, sí habrá control por la Justicia Constitucional en todo caso y, eventualmente, por la Justicia Europea.

En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se hace uso de una expresión que creo que es pertinente traerla a colación a propósito de la sentencia que tiene que dictar el Tribunal Supremo: un respeto decente al juicio de la humanidad. Una decisión importante tiene que poder superar el juicio de la opinión pública mundial. Su capacidad persuasiva tiene que ir más allá de las fronteras nacionales.

Este es el test al que va a ser sometida la sentencia que dicte el Tribunal Supremo. Es el prestigio de la justicia española el que estará el juego. Pero el prestigio de la justicia no puede disociarse del prestigio del país.

eldiario.es

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