lamirada.eu

Jordi Amat: El Estado del juicio

Disminuir tamaño de fuente Aumentar tamaño de fuente Mida del text Imprimeix aquesta pàgina

Primavera del 2008. “No sé si todavía estamos en tiempo”. Con esta expresión, angustiada, Adolfo Prego ­–magistrado en la Sala de lo ­Penal del Tribunal Supremo– cerraba una reflexión que tres días después sería el eje del seminario “Derecho penal y defensa del ordenamiento constitucional”. La organizaba el área de estudios sobre la Constitución de la Fundación FAES, que suministraba munición ideológica a la oposición de Rajoy. En aquella sesión Prego, ya habitual del think tank conservador, sería ponente y discutiría con juristas destacados.

Igual que se hacen simulacros de incendios, advirtió, más valía curarse en salud antes de que las llamas quemaran. “Lo que está en juego es la soberanía nacional y la inte­gridad territorial de España, cuya nación es indisoluble. Esto y no otra cosa es lo que se encuentra en el fondo de la necesaria protección penal frente a ciertos actos aparentemente democráticos de consulta popular, que se evidencian como preparatorios o favorecedores de una futura secesión”. Para evitar la quiebra del Estado, defendía la reforma del Código Penal. Ante la hipótesis de una secesión proclamada por un Parlamento autonómico (como había sucedido en 1934, según él), proponía un cambio legislativo. Porque con el código vigente las autoridades públicas que desobedecieran sólo podían ser multadas o inhabilitadas. Su reforma, en cambio, permitiría criminalizarlas.

Durante los años del sabotaje conservador del Estado del 78, liderado por un sector de la derecha que se iba haciendo reaccionaria, Prego actuó como jurista y activista cualificado. No se podía dudar de su adscripción ideológica: se posi­cionó en contra de todas las políticas paradigmáticas de la Segunda Transición de Zapatero. Enfrente del dictamen favorable a la ley Integral de Medidas contra la Violencia sobre la Mujer, él, en tanto que miembro de la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial, fue uno de los promotores de rehusarlo: le parecía constitucionalmente discriminatorio para los hombres. Como miembro de la misma Comisión apoyó un informe contra el Estatut, antes de que fuera reelaborado en las Cortes. En público fue crítico con la reforma del Código Penal que legalizaría el matrimonio homosexual (proponía que la ley fuera votada en referéndum) y se posicionó militantemente en contra de la ley de Memoria Histórica. Eran días neocons.

En el 2005 fue ponente en las “Conversaciones en el Valle de los Caídos”. Dos años después, en una entrevista concedida a la revista de la Hermandad del Valle, fijaba su idea de España. “Es una entidad histórica, milenaria, que se recibe en depósito y se ­administra con la obligación de transmitirla a las siguientes generaciones”. Como si fuera una realidad suprahistórica. “Ninguna generación de españoles, ninguna, puede tomar decisiones sobre la destrucción de España o sobre su unidad. España no pertenece al patrimonio de los españoles; los españoles pertenecemos a España”. En tanto que vicepresidente del Casino de Madrid, presentaría libros de Pío Moa sobre historia contemporánea de España escritos desde una óptica de revisionismo contrarrevolucionario. Y desde finales del 2005, desde su creación, aceptó ser patrón de honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española; Denaes se gestó después del éxito de la convocatoria “Por la unidad de España: por la igualdad y la solidaridad de todos los españoles”, organizada por el Foro de Ermua en Madrid y con asistencia, entre otros, de Ana Botella o Ruiz-Gallardón. Portavoz de aquella nueva fundación, que se estrenaba interponiendo la querella contra Pepe Rubianes, lo era Santiago Abascal.

Son hilos de la coagulación política de una nueva extrema derecha que estaba fagocitando el heroico combate civil contra ETA. Prego estaba allí. Un año antes de la fundación de Vox, se crea la plataforma Reconversion.es. Populismo puro. La lideraba Vidal-Quadras y desde el primer momento contó con Abascal. Impugnaban el Estado del 78 argumentando que era víctima de la partitocracia. Defendían que el ­sistema se debía reformar de cabo a rabo porque era corrupto e ineficaz. En una de las pocas actividades de esta plataforma, celebrada en noviembre del 2012 en el hotel Intercontinental, Prego –ya había dejado el Supremo– hizo un parlamento reanudando argumentos expuestos en el seminario de FAES: si el ar­tículo sobre el delito de rebelión del Código Penal no se reformaba, la unidad nacional quedaba a la intemperie. El Estado “carece de respuesta penal adecuada”, afirmaba, en caso de proclamación de in­dependencia. Tampoco obtuvo resonancia.

Y los hechos se precipitaron. “Los hechos me han venido a dar la razón nueve años más tarde. El ­Estado hoy está desarmado ante una posible proclamación pacífica de independencia de Catalunya”, declaraba el 17 de septiembre del 2017 al periodista Carlos Berbell. Si le hubieran hecho caso, si se hu­biera hecho la reforma que proponía, a los políticos se les podría acusar de rebelión contra el orden constitucional. Pero ya no podía ser. Estábamos en el medio del remolino. No había violencia. Era demasiado tarde.

La Vanguardia

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *